Santo Domingo. – Dos empresas de inversionistas españoles con instalaciones turísticas en Punta Cana exigieron que se lleve ante la Alta Comisión del Ministerio Público al subprocurador encargado de temas ambientales, a quien acusan de cometer actos ilegales y desconocimiento de un caso sustentado por el Ministerio Público. Autoridades estatales. La Corte Suprema ordenó la deportación de las personas que ocuparon ilegalmente su propiedad.
Exposiciones organizadas por YUPA SRL y PARAISO TROPICAL, C. POR A. Confirmado por la fiscalía de Higüey, sucedió el pasado 12 de noviembre y el 17 del mismo mes, el Dr. Francisco Contreras participa en la instalación junto a un representante de la Agencia Nacional de Protección al Ambiente (SENPA).
La decisión es la culminación de un largo proceso legal que comenzó en 2008 y siempre ha resultado en veredictos que obligan a los vecinos, los empresarios Silverio Cruz Taveras y Bolívar Díaz Franco, a desalojar con cada recurso de los intrusos a favor del negocio del propietario. La denuncia alega que Contreras “desobedeció arbitrariamente la autoridad de la Corte Suprema” y cinco días después de la acusación de Higüey, “acomodó a los invasores recién deportados” y ordenó “suspender el proyecto, embargar el vehículo, quitar las puertas, los brazos mecánicos, mínimo impacto Señalización vial y todo el equipamiento organizativo por parte del propietario”.
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia (AT) informó sobre el recurso interpuesto el martes 7 de febrero ante la Ministra de Justicia, Miriana Germānas, quien confirmó la sentencia nro. 20151479, la cual fue presentada nuevamente el 295 de junio de 2009 por la Sala 5° del Juzgado de Primera Instancia de la Corte Nacional de Tierras, la cual ordenó la deportación inmediata de Silverio Cruz Taveras y Bolívar Díaz Franco. La denuncia presentada por los abogados Rafael Felipe Echavarría y Félix Damián Olivar Grulón explicó que la ejecución del desalojo se realizó con autorización de la ministra de Justicia Licda. Mercedes Santana Rodríguez, propietaria de Higüey. YUPA SRL y PARAISO TROPICAL, C. POR A. presentaron la primera denuncia el 18 de noviembre, solicitando la investigación de estos hechos y “luego iniciar un proceso disciplinario”. En la reunión prevista para el 3 de febrero, presidida por el magistrado Dr. Richard Guilamo y el Comité de Funcionarios del Ministerio de Estado, con la participación de Contreras, los abogados Olivares y Echevarría, explicaron que “amenaza a los representantes de los terratenientes a ejercer sus derechos y cumplir con el deber de ley”.
Dijeron que Francisco Contreras “abandonó todo estándar de objetividad, prudencia y razonabilidad y amenazó a los “abogados” con repetir la arbitrariedad del 17 de noviembre de 2022 para continuar y eliminar las protecciones de acceso y medidas reglamentarias “estatutarias”. Olivares y Echevarría argumentan que estas amenazas “no pueden ser reconocidas en un estado de derecho socialdemócrata. Ningún representante de un ministerio público puede lograr directamente la derogación de las normas jurídicas existentes. Si el Ministerio Público está interesado en revocar una ley, ordenanza, resolución, permiso, plan departamental, permiso municipal o sentencia, deberá hacerlo por la vía jurisdiccional que corresponda.
Explican que la empresa propietaria del terreno tiene todos los permisos y licencias para controlar el acceso al campo y playas costeras por parte de intrusos, intrusos, colonos u operadores turísticos ilegales, lo cual está prohibido por orden del Ministerio de Turismo. El turismo está planificado por el Decreto Presidencial No. 644-07 del 15 de noviembre de 2007; Escrito de Impugnación del Patronato Municipal del Distrito Turístico del Municipio de Verona Punta Cana de fecha 18 de noviembre de 2020; Turismo el 19 de junio de 2020, aprobación del Comité Ejecutivo Distrital de Infraestructura (CEIZTUR); Certificado de registro de impacto mínimo emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 13 de junio de 2019 y Resolución No. 07-2012 sobre la creación del plan de la industria turística de Punta Cana para la ordenación del territorio.
